TRANSPARENCIA Y VIDA UNIVERSITARIA.

Posted on

Introducción

Las tendencias globales de la cultura de transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información pública, se hacen cada vez más tangibles en nuestro contexto nacional actual, con la entrada en vigencia de la Ley de Accceso a la Información Pública; obligando a todas las instituciones gubernamentales, organismos autónomos e instituciones privadas que tengan a su cargo, la administración de recursos públicos, a dar cuentas de la manera en que realizan su gestión, por consiguiente, la Universidad de El Salvador, como la única institución pública de educación superior del país, no está exenta de ésta regulación. A continuación se pretende examinar las implicaciones de esta tendencia en la vida universitaria. Podemos preguntarnos: ¿Por qué se debe analizar la incidencia de la LAIP y de la cultura de transparencia en general, en una institución que por su carácter de autónoma pareciera a simple vista no estar directamente vinculada con la función pública?.

Es imperante tener en cuenta el valor intrínseco que derecho de acceso a la información tiene, como derecho fundamental, amparado en la legislación internacional, a través de la convención interamericana de Derechos Humanos y nuestra constitución vigente, que en tal condición, abre la puerta, al ejercicio de otros derechos civiles y políticos. Desde ésta perspectiva, es imposible describir el valor del derecho a la educación sin el reconocimiento previo del derecho a la información y a la libre expresión, que son ejes fundamentales para la concepción y consolidación de una sociedad más crítica, participativa y democrática, que exige de sus autoridades administraciones transparentes y que a la vez insta a prevenir la corrupción y la opacidad en la administración pública como vestigio del Arcana Imperii o secreto del poder, impregnado desde tiempos antíguos.

Los nuevos paradigmas del poder público insertan, la concepción de que los actos públicos, son actos concernientes a todos, debiendo someter a los funcionarios públicos a un constante escrutinio, que paulatinamente sobrepasa el tradicional modelo Weberiano1 de gestión pública. Sin embargo, esta transición cultural y jurídica tiene una expansión lenta, dentro de nuestras instituciones educativas que son las encargadas de impulsar los cambios sociales; Principalmente en la creencia que el derecho de accesar a la información y exigir la rendición de cuentas, es atentatorio contra la autonomía universitaria.

Desde mi perspectiva personal, esta “colision” de intereses es una concepción desacertada; ya que no puede separarse la publicidad de los actos administrativos y la rendición de cuentas, de la actividad relativa y vinculada con los recursos que de un modo u otro son de carácter público. Ya que la autonomía universitaria, significa autogobierno en lo administrativo, académico y económico, pero no por esta condición, pierde su caracter de público, y por consecuencia está subordinado al interés común de rendir cuentas de su gestión.

La universidad, en su carácter de institución educativa pública, establece la normativa de ingreso, creación de sus propios planes de estudio, requisitos para la obtención de un título o grado académico y promueve la investigación y la proyección social, que son indicadores del nivel de calidad educativa y de producción científica que permiten que a los agentes de financiamiento externo, evaluar la posibilidad de ofrecer estímulos ya sea mediante la mejora de la infraestructura o el otorgamiento de becas; por lo que es importante contar con funcionarios trasparentes, respetuosos de la publicidad administrativa como pilar filosófico fundamental del derecho de acceso a la información pública ya que son los centros universitarios los principales entes formadores de sociedades justas y democráticas.

 

IMPACTO EN LA VIDA UNIVERSITARIA.

La relación del derecho de acceso a la información pública en la vida universitaria, es diferente y única, respecto de las relaciones con otros aspectos de la sociedad, aun que sus objetivos persiguen el mismo fin, – abolir la opacidad de la administración pública –; esta relación sui generis sugiere una transformación singular, en la población estudiantil, donde, segun Manuel Gil Antón2, debe haber una: “mutación de, beneficiarios agradecidos por la obtención de un regalo de la autoridad, a la de usuarios responsables de un bien público.esta “mutación” exige una sustitución de paradigmas relativos al status del estudiante universitario en donde éstos sean sujetos activos en la administración universitaria y no sujetos pasivos obligados a acoplarse a los cambios arbitrarios de las autoridades en turno. Y es que, la calidad de estudiante, no es una “concesión generosa” por parte del Estado, ni de las autoridades, -como manifiesta el autor-, sino mas bien una concepción de sujetos con obligaciones académicas y un derecho fundamental de exigir calidad en la administración de un bien de interés público, como lo es, su educación.

Ante este planteamiento, cabe hacernos la interrogante: ¿cual es la posición de los representantes estudiantiles en los órganos de dirección y administración?. En ellos recae la misma responsabilidad de rendir cuentas públicas como cualquier otra autoridad universitaria, en razon de su cargo, por lo que cualquier otro sujeto de la comunidad universitaria está en el derecho de demandar la aclaración de sus actos y no solamente los mismos estudiantes que les eligieron, sino tambien el cuerpo docente, los trabajadores administrativos e incluso, cualquier otro ciudadano ajeno a la universidad; ya que, es el manejo de los recursos públicos, como parte de sus funciones, la fuente de donde nace esta exigibilidad.

Esta condición no limita, ni priva del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que recae en ellos una cualidad dual que, en consescuencia exige el doble de responsabilidades, ya que desde la perspectiva de la representación estudiantil, todos sus actos deben ser transparentes, y como estudiante, debe cumplir con sus obligaciones académicas y a la vez promover la trasparencia dentro de los órganos de dirección, de modo que siempre se pueda dar razón de su actuar en el ejercicio de su función.

Este cambio en la concepción del estatus del estudiante, promovido por la cultura de transparencia en la universidad pública y el derecho de acceso a la información, implica tambien la idea que los estudiantes, no son súbditos ni sujetos que de manera filantrópica, reciben conocimientos de sus profesores; si no que los mismos profesores deben hacerse de una nueva imagen del “académico”, no como aquel detentador de un puesto privilegiado en la comunidad universitaria, quien puede hacer uso arbitrario de su rol de profesor, bajo el escudo de la “libertad de cátedra”. Los profesores universitarios, son tambien, empleados públicos, quienes están vinculados a los recursos públicos, por el ejercicio de la docencia y la investigación, sometidos a un horario establecido y con funciones que deben estar enmarcadas en la legislación; siendo de éste modo, como surge el derecho de demandar el cumplimiento de dichas funciones y de dar explicaciones públicas en caso de irregularidades. Es necesario aclarar, que no se hace referencia a la exigibilidad de calidad académica, debido que es un derecho no contenido en el derecho de acceso a la información, siendo que éste ultimo se limita al control y fiscalización de las funciones públicas, sin embargo es un derecho positivo y exigible en otras esferas del derecho.

La comunidad universitaria, está compuesta además por los trabajadores administrativos, quienes tambien deben estar sometidos a la fiscalización de la sociedad, en razon de su derecho de accesar a la información, ésto con el fin de prevenir que se ejerza de manera arbitrária su poder, en el ejercicio de sus atribuciones, Gil Antón3 expresa que “…el trabajador universitario, sujeto importante en la actividad institucional, en la medida en que respete sus derechos y cumpla con sus funciones y, de no ser así, se le pueda llamar a cuentas…” es imperativo que se rinda cuentas de cualquier irregularidad en los horarios de trabajo o incumplimiento de sus funciones administrativas, por las mismas razones que hasta ahora hemos venido remarcando.

El cambio en la concepción del status quo que se ostenta dentro la universidad pública, no es el único aspecto considerado en la transformación de la comunidad universitaria, hacia un desarrollo democrático, sino tambien, la apropiación de los derechos constitucionales y el derecho de accesar a la información, y mas aún, el valor que requiere el ejercicio de éstos para exigir que las autoridades y empleados públicos, den cuentas de sus funciones.

En resumen, los preseptos de la cultura de tranparencia y la democracia participativa, como marco político y filosófico del derecho de acceso a la información y la rendicion de cuentas, convergen con la vida universitaria en diversos aspectos, llenos de contrastes y no solamente en la dinámica de las demás instituciones gubernamentales de generar, publicar y compartir el bien público de la información. Por lo que entre más nos adentramos al estudio de ésta relación, encontramos cada vez más factores objetivos y subjetivos que atañen a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Desde el auge de los nuevos paradigmas de transparencia y acceso a la información pública, se ha insertado la idea que el reconocimiento constitucional de la autonomía universidad pública, proporciona una especie “fuero” a las autoridades de la misma, como ya se ha apuntado, ésta es una concepción errónea de los alcances de la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria, según Luis Raúl González Perez4Es el principio establecido en la carta magna, para otorgar una protección constitucional especial a la universidad pública, a fin que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad.” en El Salvador,5 ésta protección constitucional proporciona tres grandes facultades a la universidad pública que específicamente son:

  1. Facultad de Autorregulación.
  2. Facultad de Autoorganización Académica.
  3. Facultad de Autogestión Administrativa.

A lo largo de este apartado abordaremos las implicaciones de cada una de éstas facultades cosntitucionales respecto del derecho de acceso a la información, y la transparencia a traves de la rendición de cuentas.

El posicionamiento, como institución autónoma en principio, está dado por la constitución, para asegurar que el gobierno universitario sea independiente de los intereses políticos imperantes en casa coyuntura del Estado. De aquí se derivan otras facultades como la libertad de catedra y el cogobierno; sin embargo el nudo gordiano de la convergencia con los paradigmas de transparencia y acceso a la información se encuentra presisamente en la concepción de la autonomía como una forma de aislamiento de la sociedad o un autismo reservado y alejado de la sociedad con un respaldo legal. Sin reconocer que el derecho de acceso a la información está constituido como un derecho fundamental con el mísmo reconocimiento constitucional que el derecho de autonomía. Es facil preguntarnos ¿Que sucede cuando éstos derechos de mismo rango constitucional colisionan.? La respuesta no es sencilla pero es visible, la convergencia de éstos derechos con es antagónica sino coadyuvante, por lo que sería erroneo pensar que colisionan o que pugnan.

No se debe caer en la confusión que, el acceso a la información representa un atropello a la autonomía universitaria, sino que debe comprenderse como una trascendencia de éste derecho, dentro del gobierno universitário; esta trascendencia debe ser vista desde dos perspectivas diferentes: la primera, desde la transparencia de la gestión hacia afuera, (hacia al gobierno central), y la segunda, desde la gestión hacia adentro o “autónoma” (hacia la comunidad universitaria). La primera perspectiva se rige principalmente por los preseptos generales del derecho de acceso a la información, en tanto se constituye como una institución pública. En este sentido basta remitirnos a los textos generales de tranparencia y acceso a la información pública, para comprender sus alcances. Lo que nos interesa analizar en este documento, es el alcance que tiene nuestro segundo enfoque: ¿Como debemos concebir el ejercicio del derecho de acceso a la información dentro de la gestión autónoma.? Primeramente, es necesario aclarar que no puede haber un apropiado ejercicio de la autonomía, si esta no es transparente, sino rinde cuentas de forma clara y no propicia el espacio para el ejercicio del derecho a la información. En otras palabras, toda gestión autónoma, debe incluir y respetar las garantías fundamentales del derecho a la información.

De este modo, la autonomía de la universidad pública, debe constituirse como un valor, que procure el desarrollo responsable de la transparencia y la rendición de cuentas, proporcionando el más amplio acceso a la información como gestión democrática justa. Es así que todas las facultades otorgadas constitucionalmente deben responder al interés común del sector para quienes las ejeren.

Autorregulación y transparencia.

Implica que la legislación y normatividad orientada a la regulación de la actividad dentro de la universidad pública debe estar en concordancia con el derecho de acceso a la información pública, en sentido que todo el cuerpo legal, para la dirección y administración debe respetar el principio de máxima publicidad, evitando la oscuridad de los administrativos y académicos.

El respeto a éste derecho no es el único componente que vincula a la transparencia con la autorregulación sino que además deben promulgarse normas internas que promuevan la transparencia y el acceso a la información, un ejemplo de ésto son los manuales, instructivos y protocolos de procedimiento y atención a los usuarios, de modo que los miembros de la comunidad tengan conocimiento de la forma en que la universidad pública se relaciona con ellos, para que se tenga una base sobre la cual operar y no se deje al arbitrio de los trabajadores administrativos y académicos la reguylación de ésta relación.

 

Autoorganización Académica Transparente.

Dentro de los nuevos paradigmas de la cultura de transparencia, la universidad pública, tiene la capacidad de crear sus propios plames de estudio, tambien está en la obligación, de atender y responder las propuestas para la modificación, actualización o cambio de sus planes de estudio, por todos los sectores que conforman la comunidad universitaria, haciendo uso de su autonomía legislativa, debe crear los medios que faciliten el acceso y el intercambio de propuestas que estén orientadas a la mejora de la actividad académica. Esta práctica, no solo vuelve la gobernanza universitaria más transparente, sino tambien, más democrática e inclusiva.

 

Autogestión Administrativa.

Quizás la más vinculada con la transparencia y el acceso a la información, la gestión administrativa transparente, no se limita a la simple publicación de los estados de cuenta y balances financieros; es erróneo pensar que una gestión es transparente simplemente por que toda su información oficiosa6 está actualizada y publicada, ya que de nada sirve si no se crean mecanismos efectivos para que la actuación de sus funcionarios y empleados sea tambien honesta y justa, esto implica un cumplimiento en los horarios, las remuneraciones por cargo, etc.

En conclusión, éstos nuevos paradigmas de la cultura de transparencia y acceso a la información, demandan sobre todo, un cambio de actitud de los sujetos vinculados, para que su ejecución y exigibilidad, no sean situaciones generadoras de revuelo o conflicto, sino una manera fluída de mantener la fiscalización de la administración y el respeto a los derechos de la comunidad universitária.

1Max Weber: “Rige el principio de las atribuciones oficiales fijas, ordenadas por lo general, mediante reglas, leyes o disposiciones del reglamento administrativo. Es decir: 1)Existe una firme distribución de las actividades metódicas –consideradas como deberes oficiales- necesarias para cumplir los fines de la organización burocrática. 2) Los poderes de mando necesarios para el cumplimiento de estos deberes se hallan igualmente determinados de un modo fijo, estando bien delimitados mediante normas los medios coactivos que le son asignados (…) 3) Para el cumplimiento regular y continuo de los deberes así distribuidos y para el ejercicio de los derechos correspondientes se toman las medidas necesarias con vistas al nombramiento de personas con aptitudes bien determinadas”. Max Weber. “La dominación legal con administración burocrática”, en Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1944 (de la edición alemana de 1922), p.716-717.

2Gil Cantón, Manuel, Transparencia y vida universitaria, cuadernos de transparencia 13,1a ed. 2008 IFAI, Mexico.

3Gil Antón, Manuel. Ídem.

4González Perez, Luis Raúl, (2009). Autonomía Universitaria y Universidad Pública. 1st ed. Ciudad Universitaria, Mexico D.F.: Universidad Nacional Autónoma de Mexico.

5Constitución de la República de El Salvador, artículo 61. textualmente dice: “ en lo docente, lo administrativo y lo económico, sin embargo para fines demostrativos se ha hecho uso de los térmnos doctrinarios y jurisprudenciales.

6Artículo 6 lit d de la LAIP establece Información oficiosa: es aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *